Por Danielle Prokop

 

Una prohibición estatal sobre los residuos nucleares de alto nivel entrará en vigor en junio, bloqueando la capacidad de una empresa privada para construir una instalación de almacenamiento polémico en el sur de Nuevo México.

 

La Gobernadora Michelle Luján Grisham firmó la Ley 53 del Senado el 17 de marzo. El proyecto de ley no tenía los votos para una promulgación de emergencia, por lo que entrará en vigor el 15 de junio.

 

La nueva ley tiene dos disposiciones.

 

La primera amplía el alcance y los deberes de un grupo de trabajo para consultar a los organismos estatales sobre la eliminación nuclear e investigar sus impactos en Nuevo México.

 

La segunda prohíbe el almacenamiento de residuos nucleares de alto nivel. La prohibición estará en vigor hasta que se cumplan dos condiciones: que el estado acepte abrir una instalación para gestionar los residuos y que el gobierno federal haya adoptado un almacén subterráneo permanente para los residuos nucleares.

 

«Necesitamos una solución permanente. Pero Nuevo México no puede ser simplemente la zona de sacrificio conveniente para la contaminación del país», dijo el senador Jeff Steinborn (D-Las Cruces) en una entrevista.

 

Los residuos radiactivos de alta actividad son extremadamente tóxicos. Algunos tipos seguirán siendo altamente radiactivos durante miles, si no decenas de miles de años. Las dosis cortas de exposición pueden ser mortales. Si los residuos radiactivos se filtran en las aguas subterráneas o el suelo, pueden pasar a la cadena alimentaria.

 

La prohibición estatal incluiría la regulación de los planes de Holtec International para una instalación subterránea de combustible nuclear gastado procedente de reactores nucleares y otros residuos radiactivos de alto nivel procedentes de todo el país.

 

En su punto álgido, Holtec preveía que la instalación podría albergar 176.600 toneladas métricas de residuos en superficie, en más de 1.000 acres entre Hobbs y Carlsbad.

 

«Este proyecto de ley es otro gran obstáculo que impedirá que este emplazamiento reciba nunca residuos nucleares», declaró Don Hancock, director del programa de Seguridad de Residuos Nucleares y administrador del Centro de Investigación e Información del Suroeste, organización sin ánimo de lucro.

 

La región ya alberga el Proyecto Piloto de Aislamiento de Residuos (WIPP en inglés), un emplazamiento subterráneo que almacena ropa, herramientas, trapos y otros artículos contaminados con residuos radiactivos. La nueva ley no afecta al WIPP.

 

En julio de 2021, la Comisión Reguladora Nuclear, organismo federal que supervisa las operaciones nucleares, dio su visto bueno preliminar a la instalación en una declaración de impacto ambiental, a pesar de las objeciones de los habitantes de la zona, el gobernador y miembros de la delegación del Congreso. Días después de la firma de la ley, la Comisión Reguladora Nuclear dio marcha atrás y emitió su decisión final de autorizar la instalación. En una carta de 20 de marzo a Holtec, la agencia escribió que publicará una evaluación final de seguridad y determinará si se emite una licencia en mayo de 2023.

 

Steinborn, que patrocinó el proyecto de ley en las dos últimas sesiones legislativas, dijo que el grupo de trabajo ahora también informará cada año al comité interino de Materiales Radiactivos y Peligrosos. El grupo de trabajo está formado por secretarios o personas designadas por siete departamentos estatales, entre los que ahora se incluyen el Departamento de Asuntos Indígenas y la Oficina Estatal de Tierras.

 

“Nuevo México no puede ser simplemente la zona de sacrificio conveniente para la contaminación del país».
Senador Jeff Steinborn

 

Kayleigh Warren, miembro de Santa Clara Pueblo y coordinadora de salud y justicia en la organización sin ánimo de lucro Tewa Women United, calificó el proyecto de ley de cuatro páginas como «un primer paso importante».

 

«Es una forma en que nuestro estado puede empezar a comunicar al resto de nuestro condado que hemos hecho nuestra parte», dijo Warren. «Ya no nos interesa ser una zona de sacrificio para los residuos del país».

 

Mujeres Tewa Unidas protesta por el impacto de las toxinas del Laboratorio Nacional de Los Álamos en el agua y la tierra del valle de Española y los pueblos de los alrededores. De cara al futuro, una cuestión clave es cómo participarán los gobiernos tribales en el grupo de trabajo.

 

Los nativos americanos son desproporcionadamente vulnerables a la minería de uranio en la Nación Navajo o están expuestos en mayor medida a la radiación en los suministros de agua.

 

«Quiero ver cómo nuestras voces forman parte de estas conversaciones en el futuro», dijo Warren.

 

 

Daniell Prokop es reportera de Source New Mexico. Este artículo ha sido publicado por Source New Mexico bajo una licencia Creative Commons.

 

Traducido por Juan Carlos Uribe, The Weekly Issue/El Semanario.