Por Nada Hassanein

 

A pesar de las advertencias federales para que frenen, tanto los estados rojos como los azules han cortado la cobertura de Medicaid a casi 4 millones de personas porque carecen de la documentación adecuada. En al menos cuatro estados, la mitad de las personas que han perdido la cobertura por cualquier motivo son niños.

 

Durante la pandemia, el gobierno federal ordenó a los estados que no retiraran a nadie de Medicaid, el programa sanitario conjunto federal-estatal para personas con bajos ingresos y personas con discapacidad. Pero se autorizó a los estados a reanudar los controles de elegibilidad y documentación a partir del 1 de abril.

 

Hasta el 23 de agosto, casi tres cuartas partes de los aproximadamente 5,4 millones de beneficiarios de Medicaid que habían perdido su cobertura habían sido dados de baja por motivos de «procedimiento», según un análisis de KFF, una organización de investigación sobre política sanitaria. (Los resultados se basaron en las respuestas de 39 estados y el Distrito de Columbia).

 

Estas bajas se debieron a un proceso de renovación incompleto, ya fuera porque faltaba documentación, porque los datos de contacto no estaban actualizados o porque el formulario de renovación no se había enviado en la fecha prevista.

 

Este mes, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) enviaron cartas a todos los estados en las que informaban de que los largos tiempos de espera y las elevadas tasas de cancelación de procedimientos podrían infringir la normativa federal que obliga a mantener inscritos a los beneficiarios.

Las cartas llegaron semanas después de que los funcionarios federales expresaran su preocupación por el exceso de celo a la hora de depurar las listas y dieran a los estados más flexibilidad para volver a inscribir a los pacientes. Algunos estados, como Maine, suspendieron las expulsiones.

 

El proceso ha resultado confuso para muchos pacientes, como aquellos cuya lengua materna no es el inglés o los que carecen de ordenador.

 

Expertos y defensores de los derechos humanos afirman que son necesarios esfuerzos de base para llegar a los antiguos beneficiarios y ayudarles a volver a inscribirse, y subrayan que la falta de cobertura amenaza la salud de las comunidades vulnerables, incluidas las personas de color, que constituyen un número desproporcionado de inscritos en Medicaid, así como los residentes rurales y los niños.

 

Los profesionales de la salud pública saben que la pobreza a menudo conduce a una mala salud, y la pandemia impidió la atención crítica y preventiva.

 

«La atención se retrasó, las pruebas se pospusieron, las terapias se interrumpieron», afirmó el Dr. Georges Benjamin, médico de urgencias y director ejecutivo de la Asociación Americana de Salud Pública, un grupo de defensa que representa a los profesionales de la salud pública. Ahora, «no tienen un mecanismo para pagar su atención. Su atención se retrasa aún más».

 

‘De forma generalizada’

 

Texas ha dado de baja a más de medio millón de personas, más que ningún otro estado, de un total de 5,9 millones de beneficiarios de Medicaid, y el 80% de ellos fueron dados de baja por razones de procedimiento, según el análisis de KFF. Cerca de 408.000 floridanos han perdido la cobertura de unos 5 millones, más de la mitad por razones de procedimiento.

 

Se debe dar prioridad a la información accesible en el idioma y a los mensajeros de confianza culturalmente receptivos para mantener a estas poblaciones inscritas en programas de salud que salvan vidas».
Dra. Seciah Aquino, Coalición Latina para una California Saludable

 

Texas y Florida son estados dominados por los republicanos que se han negado a ampliar Medicaid bajo la Ley de Asistencia Asequible, también conocida como Obamacare. Pero los bastiones demócratas que han optado por la expansión también han eliminado a decenas de miles de personas por razones de procedimiento. Nuevo México (97%), Washington (90%), Connecticut (87%), Minnesota (85%), California (85%), Rhode Island (73%), Colorado (67%), Vermont (66%), Maryland (65%) y Nueva York (53%) se encuentran entre los 34 estados más el Distrito de Columbia (90%) donde más de la mitad de las personas fueron retiradas por no presentar la documentación adecuada.

 

California, Nueva York y Washington son los estados que más personas han expulsado desde abril. En California, 255.000 personas fueron dadas de baja por motivos de procedimiento. En Nueva York, unas 179.000 bajas fueron de procedimiento, y en el estado de Washington, 247.500 bajas fueron por motivos administrativos.

 

Cadence Acquaviva, portavoz del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, argumentó que los informes de KFF son una «instantánea en el tiempo» y no reflejan a los que hicieron la transición a otros planes de salud estatales de menor costo establecidos en virtud de la Ley de Asistencia Asequible.

 

«Sigue siendo el objetivo del Departamento de mantener la cobertura de salud asequible y de alta calidad para los neoyorquinos que califican a través del proceso de redeterminación en curso», escribió Acquaviva en un correo electrónico a Stateline. Dijo que a 31 de julio, más de 83.000 de las más de 300.000 personas retiradas cumplían los requisitos para inscribirse en otros planes de salud.

 

Las autoridades sanitarias de California afirman que están siguiendo la normativa federal. Los residentes que perdieron la cobertura a través de Medi-Cal (el programa estatal de Medicaid) debido a razones de procedimiento tienen 90 días para enviar la información que falta a la oficina de Medi-Cal, dijo un portavoz del Departamento de Servicios de Salud de California.

 

El departamento está «llevando a cabo la divulgación a los miembros de Medi-Cal, incluidos los miembros vulnerables, recientemente interrumpido para ayudarles a completar su renovación» durante el período de 90 días, dijo el portavoz Anthony Cava.

 

Cuando Stateline preguntó acerca de la alta tasa de remociones de procedimiento de Nuevo México, el Departamento de Servicios Humanos del estado afirmó que dio prioridad a las personas «evaluadas como probablemente no elegibles» durante los primeros cuatro meses de desenrollado, lo que lleva a un «mayor número de denegaciones de procedimiento durante estos meses», dijo el portavoz Timothy Fowler en un correo electrónico.

 

La agencia también dijo que está trabajando con las organizaciones de atención administrada y BeWellNM, el intercambio de seguro de salud del estado, para conectar a los pacientes retirados por procedimiento con opciones de seguro de menor costo.

 

Un portavoz de la gobernadora republicana de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders -un estado de expansión dominado por el Partido Republicano, donde el 77% de unas 300.000 extracciones fueron por procedimiento- dijo a los medios locales esta semana que el estado ha estado cumpliendo la ley estatal y federal.

 

«El [Departamento de Servicios Humanos] está utilizando todas las herramientas para asegurar que las personas que son elegibles permanezcan cubiertas y trabajando con aquellos que ya no son elegibles para obtener cobertura a través de su trabajo o el mercado de la salud», dijo la portavoz Alexa Henning al Arkansas Advocate.

 

En un puñado de estados, la mayoría de las personas fueron retiradas de las listas de Medicaid porque ya no eran elegibles, no por razones técnicas. En Michigan, por ejemplo, sólo el 17% de las más de 23.000 retiradas fueron de procedimiento. El Departamento de Salud y Servicios Humanos del estado dijo en un comunicado que también ha renovado simultáneamente la inscripción de 121.000 beneficiarios, y que está reintegrando a las personas que siguen siendo elegibles para el programa, pero que fueron retiradas por razones de procedimiento.

 

En Texas, donde los hogares latinos ocupan el lugar más bajo en el ingreso medio por hogar, el departamento de salud del estado dice que está trabajando con organizaciones comunitarias para llevar a cabo esfuerzos de divulgación.

 

«Esto incluye el envío de avisos, mensajes de texto y robocalls, la organización de eventos de asistencia de renovación de la comunidad en todo el estado, así como el aprovechamiento de los socios de la comunidad para ayudar con los esfuerzos de divulgación. Estamos colaborando con los proveedores de atención médica, organizaciones comunitarias y grupos de defensa para llegar a una amplia gama de personas que puedan verse afectadas por los cambios», dijo un portavoz a Stateline en una declaración enviada por correo electrónico.

 

Sonia Lara, directora de extensión e inscripción en la Asociación de Centros de Salud Comunitarios de Texas, dijo que su agencia trabajó en anuncios de radio en español para llegar a las familias y está corriendo la voz a los pacientes para hacer una cita gratuita para obtener ayuda con el personal de los centros de salud.

 

«No hemos terminado con los mensajes», dijo. «Llevamos mucho tiempo haciéndolo. La divulgación forma parte de nuestra fibra».

 

Un informe de UnidosUS, una organización latina de derechos civiles, encontró marcadas disparidades en los tiempos medios de espera al centro de llamadas de Medicaid de Florida: La persona de habla inglesa que llamaba tenía que esperar una media de 36 minutos antes de que le pusieran en contacto con un representante, en comparación con los hispanohablantes, que tenían que esperar una media de 2 horas y media. Del mismo modo, casi un tercio de las llamadas en español se desconectaban antes de que la persona que llamaba se pusiera en contacto con un representante, frente a sólo el 10% de las llamadas en inglés.

 

La cuestión es problemática para los hogares en los que los adultos y los cuidadores tienen varios empleos, no disponen de flexibilidad para esperar la llamada o no tienen ordenadores para presentar las solicitudes en línea, dijo Andrea Vendetti, gestora de programas de la organización sin ánimo de lucro Hispanic Outreach Center, con sede en Clearwater, Florida. Muchos de sus clientes se saltan los plazos de renovación y tienen que volver a presentar la solicitud desde el principio, lo que retrasa aún más la atención, explica.

 

En California, donde cerca de la mitad de los beneficiarios de Medicaid son hispanos y aproximadamente el 30% son hispanohablantes, el 53% de las personas dadas de baja son hispanas, según datos del Departamento de Servicios de Atención Sanitaria del estado. A principios de este mes, dos grupos de defensa de la atención sanitaria pidieron al Estado que intensificara sus esfuerzos de divulgación.

 

«Se debe dar prioridad a la información accesible en el idioma y a los mensajeros de confianza culturalmente receptivos para mantener a estas poblaciones inscritas en programas de salud que salvan vidas», dijo la Dra. Seciah Aquino, directora ejecutiva de la Coalición Latina para una California Saludable.

 

Niños y residentes rurales

 

De los 15 estados que reportaron el total de remociones por grupo de edad, Texas reportó el porcentaje más alto de niños removidos, con 81%, seguido por Idaho, Kansas y Missouri, donde al menos la mitad de los removidos eran niños, según KFF.

 

En Kansas, alrededor del 52% de los niños hispanos o latinos viven por debajo del 200% del nivel de pobreza, frente al 27% de los niños blancos, según el Centro de Datos Kids Count de la Fundación Annie E. Casey. La pediatra Dra. Gretchen Homan atiende a familias de la zona de Wichita y afirma que muchos de sus pacientes necesitan más apoyo.

 

La clínica cuenta con un traductor a tiempo completo y un trabajador social que ayuda a las familias a tramitar las renovaciones. Casi el 80% de los pacientes de Homan reciben Medicaid, y muchos hablan inglés como segunda lengua o tienen problemas de salud complejos, como parálisis cerebral o autismo.

 

Una madre, cuyos hijos padecen enfermedades crónicas, contó a Homan que había estado esperando los paquetes de renovación, sólo para descubrir que el buzón que comparte con una vecina estaba demasiado lleno. El correo no se entregaba y en su lugar se devolvía.

 

«Me dijo: ‘Esto es muy duro, y mis hijos llevan un mes sin sus medicinas'», recuerda Homan.

 

Dado que Kansas no ha ampliado la elegibilidad para Medicaid, «son menos los afiliados que pueden renovarse a través del proceso pasivo», explicó Matthew Lara, director de comunicaciones y asuntos legislativos del Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas. Kansas es uno de los 11 estados para los que KFF no tenía un desglose de cuántas eliminaciones eran de procedimiento.

 

«Expandir Medicaid aumentaría las tasas de renovación pasiva, disminuiría el número de miembros que estarían en riesgo de terminación procesal y disminuiría los volúmenes de llamadas», escribió a Stateline en un correo electrónico.

 

También dijo que la carta de CMS se basa en datos de mayo, y el departamento de Kansas desde entonces ha hecho ajustes para abordar las preocupaciones, como la adición de un chatbot al sitio web de KanCare, la contratación de más personal del centro de llamadas y permitir renovaciones cuando no se devuelven datos de ingresos.

 

Community Care Network of Kansas, una coalición de centros de salud comunitarios que incluye clínicas de salud rurales y de bajos ingresos, ofrece formación de divulgación al personal de las clínicas. La agencia publicó kits de herramientas de renovación en redes sociales en inglés y español para que los centros de salud los publiquen en sus páginas de redes sociales y los compartan.

 

«Es una injusticia que se deniegue a alguien sólo por el papeleo, sólo por cuestiones administrativas», dijo Scott Anglemyer, director de políticas de la red. «Eso no está bien, y ese no es el propósito del gobierno. El propósito del gobierno es ayudar a los ciudadanos a prosperar, y si estamos echando a la gente sólo por razones administrativas, no les estamos ayudando».

 

 

Nada Hassanein es reportera sobre el cuidado de la Salud para Stateline. Este artículo fue publicada originalmente por Stateline.

 

Traducido por Juan Carlos Uribe, The Weekly Issue/El Semanario.