Por Julie Appleby

 

 

Cuando comience el período de inscripción abierta para adquirir cobertura médica en los mercados de seguros establecidos por la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, conocida como Obamacare, un grupo que antes no podía inscribirse será elegible por primera vez: los “Dreamers”. Ese es el nombre de los niños traídos a los Estados Unidos sin papeles que están bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

 

Bajo una normativa de la administración Biden, que ha sido objeto de controversia en algunos estados, los beneficiarios de DACA podrán inscribirse para la cobertura del Obamacare y, si cumplen con los requisitos de ingresos, recibir subsidios para pagar sus primas.

 

Del medio millón de beneficiarios de DACA, el gobierno estima que alrededor de 100.000 que anteriormente no tenían seguro podrían inscribirse a partir del 1 de noviembre, fecha de inicio de la temporada de inscripción en todos los estados excepto Idaho.

 

Sin embargo, el destino de esta normativa sigue siendo incierto. Está siendo impugnada en un tribunal federal por Kansas y otros 18 estados, incluidos varios en el sur y el medio oeste, así como Montana, New Hampshire y Dakota del Norte.

 

Por otro lado, 19 estados y el Distrito de Columbia presentaron un escrito en apoyo a la normativa de la administración de Biden. Liderados por Nueva Jersey, estos estados incluyen a muchos en las costas este y oeste, como California, Colorado, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Oregon y Washington.

 

La normativa, finalizada en mayo, aclara que aquellos que califican para DACA serán considerados como “presencia legal” para el propósito de inscribirse en lo planes médicos bao ACA, los cuales están abiertos a ciudadanos estadounidenses e inmigrantes con papeles.

 

“El cambio de normativa es muy importante, ya que corrige una exclusión errónea y de larga data de los beneficiarios de DACA para la cobertura de ACA,” dijo Nicholas Espíritu, director legal adjunto del National Immigration Law Center, que también ha presentado escritos en apoyo a este cambio.

 

El presidente Barack Obama estableció DACA en junio de 2012 mediante una acción ejecutiva para proteger de la deportación y proporcionar autorización de trabajo a algunos residentes sin documentos, que habían sido traídos al país de niños por sus familias. Esto si cumplían con ciertos requisitos, incluidos haber llegado antes de junio de 2007 y haber completado la escuela secundaria, estar asistiendo a la escuela o haber servido en las fuerzas armadas.

 

Los estados que impugnan la normativa de ACA dicen que causará cargas administrativas y de recursos a medida que más personas se inscriban, y que fomentará que más personas permanezcan en el país sin papeles. La demanda, presentada en agosto en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Dakota del Norte, busca posponer la fecha de entrada en vigencia de la normativa y anularla, argumentando que la expansión de la definición de “presencia legal” por parte de la administración Biden viola la ley.

 

El 15 de octubre, el juez de distrito de EE.UU., Daniel Traynor, nombrado en 2019 por el entonces presidente Donald Trump, escuchó los argumentos en el caso.

 

Los estados demandantes están presionando para que se actúe rápido, y es posible que se emita un fallo antes del inicio de la inscripción abierta a nivel nacional, dijo Zachary Baron, experto legal en la Facultad de Derecho de Georgetown, quien ayuda a administrar el O’Neill Institute Health Care Litigation Tracker.

 

Sin embargo, el panorama es complicado.

 

Para empezar, en una batalla legal como ésta, quienes presentan el caso deben demostrar el daño que se alega, como los costos adicionales que la normativa obligará a los estados a absorber. Solo hay alrededor de 128 beneficiarios de DACA en Dakota del Norte, donde se está llevando a cabo el caso, y no todos probablemente se inscribirán en el seguro de ACA.

 

Además, Dakota del Norte no se encuentra entre los estados que administran su propio mercado de inscripción. Depende del sitio federal cuidadodesalud.gov, lo que hace que sea más difícil cumplir con la carga legal.

 

“Aunque Dakota del Norte no gasta dinero para adquirir atención médica de ACA, aún están afirmando de alguna manera que están siendo perjudicados,” dijo Espíritu, del centro de leyes de inmigración, que representa a varios beneficiarios de DACA y a CASA, una organización sin fines de lucro de defensa de los inmigrantes, en oposición a los esfuerzos estatales por anular la normativa.

 

Durante la audiencia, Traynor se centró en este tema y señaló que un estado que administre su propio mercado podría ser un mejor lugar para un caso así. Ordenó a los demandados presentar más información antes del 29 de octubre, y a Dakota del Norte responder antes del 12 de noviembre.

 

El lunes 28 de octubre, el juez denegó una moción del gobierno federal que le solicitaba reconsiderar su orden de proporcionar al estado, bajo sello, los nombres de 128 beneficiarios de DACA que residen allí, con el fin de ayudar a calcular los costos financieros asociados con su presencia.

 

Además, es posible que el caso sea transferido a otro tribunal de distrito, lo que podría causar demoras en una decisión, según los abogados que siguen el caso.

 

El juez también podría tomar decidir en varias direcciones. Podría posponer la fecha de vigencia de la normativa, como se solicita en parte de la demanda, impidiendo que los beneficiarios de DACA se inscriban en Obamacare mientras se resuelve el caso. O podría dejar la fecha de vigencia tal como está mientras el caso avanza.

 

Con cualquiera de las opciones, el juez podría decidir aplicar el fallo a nivel nacional o limitarlo solo a los estados que impugnaron la normativa gubernamental, explicó Baron.

 

“El enfoque adoptado por diferentes jueces ha variado”, dijo Baron. “Ha habido una práctica de anular algunas disposiciones reglamentarias a nivel nacional, pero muchos jueces, incluidos jueces de la Corte Suprema, también han expresado preocupaciones sobre que jueces individuales puedan afectar la política de esta manera”.

 

A medida que el caso avanza, Espíritu dijo que su organización está alentando a los beneficiarios de DACA a inscribirse apenas comience el período de inscripción a nivel nacional.

 

“Es importante inscribirse lo antes posible”, dijo, agregando que organizaciones como la suya continuarán monitoreando el caso y dando actualizaciones si la situación cambia. “Sabemos que obtener acceso a atención médica buena y asequible puede transformar la vida de las personas”.

 

Este caso que impugna la normativa es completamente separado de otro caso, presentado por algunos de los mismos estados que se oponen a la normativa de ACA, que busca terminar por completo el programa DACA. Ese caso actualmente está en el proceso de apelación en un tribunal federal.

 

 

Julie Appleby corresponsal sénior de KFF Health News. Esta historia fue producida por KFF Health News, una redacción nacional que produce periodismo en profundidad sobre temas de salud y es uno de los principales programas operativos de KFF, la fuente independiente de investigación de políticas de salud, encuestas y periodismo.