Por Uriel J. García

 

 

 

Un tribunal federal de apelaciones envió el miércoles un caso que desafía la legalidad de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA -un programa nacional que proporciona a algunos inmigrantes indocumentados permisos de trabajo y los protege temporalmente de la deportación- de vuelta a un tribunal inferior en Texas.

 

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 5º Circuito de Estados Unidos dijo en su fallo que estaba de acuerdo con el tribunal inferior en que la implementación de DACA en 2012 era ilegal – pero mantendrá el programa en su lugar mientras el tribunal inferior analiza la última regla que la administración Biden implementó en un esfuerzo por salvar el programa de futuros desafíos legales.

 

«Para cientos de miles de receptores de DACA como yo, momentos como estos que se pasan esperando noticias de última hora sobre nuestras vidas y futuros nunca se hacen más fáciles.»
Erika Andiola, Centro Joven para los Derechos de los Niños Inmigrantes

 

Anticipándose a una derrota en el tribunal de apelación, el gobierno de Biden codificó en agosto el DACA en una ley reglamentaria y anuló el memorando de 2012 de la entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, que creó originalmente el DACA. La medida legal tenía como objetivo contrarrestar el fallo de julio de 2021 del juez de distrito Andrew Hanen de Houston, quien dijo que la administración de Obama había implementado ilegalmente DACA.

 

«En nuestra opinión, los demandados no han demostrado que haya una probabilidad de que tengan éxito en los méritos», escribió la jueza principal Priscilla Richman en el fallo, y agregó: «También reconocemos que DACA ha tenido un profundo significado para los beneficiarios y muchos otros en los diez años desde su adopción.»

 

El fallo del miércoles seguirá permitiendo a los actuales beneficiarios de DACA renovar su estatus, pero sigue impidiendo que los solicitantes por primera vez sean aceptados en el programa.

 

DACA sobrevivió a un intento de la administración Trump de ponerle fin cuando el Tribunal Supremo dictaminó en junio de 2020 que la administración lo había hecho indebidamente y restauró el programa.

 

Mientras tanto, Texas y otros ocho estados presentaron una demanda separada en 2018 desafiando la constitucionalidad del programa y argumentando que la administración de Obama excedió su autoridad al crear un programa de inmigración sin la aprobación del Congreso. La demanda ha dado lugar a una batalla legal de un año de duración.

 

Como parte de la orden de Hanen en esa demanda, los funcionarios de inmigración podían procesar las renovaciones de DACA, pero tenían que dejar de aceptar nuevas solicitudes para el programa, que difiere la deportación para los inmigrantes que califican que fueron traídos al país como niños antes de 2007 y les proporciona un permiso de trabajo renovable de dos años. Los solicitantes deben ser estudiantes o graduados de secundaria y no pueden tener antecedentes penales graves.

 

El programa ha aprobado a más de 800.000 personas en la última década, incluidos 101.000 beneficiarios actuales de DACA que viven en Texas. En todo el país, 93.000 solicitantes por primera vez han visto detenidas sus solicitudes de DACA como resultado del fallo de Hanen.

 

El gobierno de Biden apeló la orden de Hanen ante la Corte de Apelaciones del 5º Circuito, que escuchó los argumentos de ambas partes en julio.

 

El secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, dijo en un comunicado el miércoles que está «profundamente decepcionado» por el fallo y «la continua incertidumbre que crea para las familias y las comunidades de todo el país.»

 

«Está claro, sin embargo, que sólo la aprobación de la legislación dará plena protección y un camino bien merecido a la ciudadanía para los beneficiarios de DACA. Insto al Congreso a que apruebe rápidamente la legislación para proporcionar protección permanente a los cientos de miles de Dreamers que llaman a los Estados Unidos su hogar», dijo.

 

Erika Andiola, beneficiaria de DACA y directora de comunicaciones del Young Center for Immigrant Children’s Rights, dijo que el Congreso y el presidente Joe Biden necesitan aprobar la legalización permanente de los beneficiarios de DACA porque el programa ha sido objeto de múltiples desafíos legales.

 

«Para cientos de miles de receptores de DACA como yo, los momentos como estos que se pasan esperando noticias de última hora sobre nuestras vidas y futuros nunca se hacen más fáciles», dijo, y agregó: «Aún así, cientos de miles de personas se quedan esperando ansiosamente otra decisión ahora del mismo tribunal inferior que detuvo la aceptación de las solicitudes de DACA por primera vez, que podría poner fin al programa y dejarnos vulnerables a una potencial deportación.»

 

 

 

Uriel J. García es Reportero de Inmigración de The Texas Tribune, una organización mediática no partidista y sin fines de lucro que informa a los texanos -y se compromete con ellos- sobre políticas públicas, política, gobierno y asuntos estatales.

 

 

 

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