Por Berenice García
Posted Dec. 19, 2024
Un plan, dijo Joaquín García a una multitud de inmigrantes la semana pasada, deben tener un plan.
“¿Quién va a recoger a los niños de la escuela?”. preguntó García. “Los pagos de la casa, los pagos del coche, las facturas de la casa, el título de propiedad… todo eso tiene que estar en su plan”.
Para los miles estimados de inmigrantes indocumentados que viven en el Valle del Río Grande de Texas, la deportación es un riesgo con el que viven todos los días. Ese riesgo ha aumentado excepcionalmente después de que Donald Trump ganó un segundo mandato en la Casa Blanca después de pasar casi dos años haciendo campaña con la promesa de la deportación masiva.
García es el director de organización comunitaria de La Unión del Pueblo Entero, o LUPE, un grupo que ha apoyado a inmigrantes, trabajadores agrícolas y tejanos hispanos durante décadas. La reunión de la semana pasada fue parte de una campaña “Conoce tus derechos” que la organización está liderando y que se hace eco de sesiones informativas similares que los grupos de derechos de los inmigrantes en todo Texas están organizando antes de la inauguración de Trump.
“Sabemos que el presidente electo Donald Trump no toma posesión hasta el 20 de enero”, dijo García. “Ahora mismo es el mejor momento para prepararse”.
Al pedir a los asistentes que pensaran en esos escenarios no se pretendía causar miedo o pánico, dijo García, sino animarles a crear un plan para sí mismos y sus seres queridos si alguna vez son detenidos.
“¿Quién se va a encargar de llevar tu vida, por así decirlo, cuando te enfrentes a la deportación y estés detenido?”. volvió a preguntar García.
Texas es el hogar de alrededor de 1,6 millones de personas indocumentadas -el segundo mayor número en Estados Unidos detrás de California- y los líderes republicanos del estado señalaron enérgicamente que estarían dispuestos a trabajar con la administración Trump en sus esfuerzos de deportación.
Era una lluviosa tarde de viernes cuando el grupo celebró su primera sesión de entrenamiento. No obstante, una multitud de unas 50 personas se presentó para asistir a la reunión.
Demostrando qué derechos tenían en ciertas situaciones, García y Marcela Alejandre, miembro del personal de LUPE, representaron diferentes escenarios en los que los residentes indocumentados podrían encontrarse, como una parada de tráfico y ser detenidos para una posible deportación.
A medida que estos escenarios se desarrollaban, el personal de LUPE pidió a los asistentes que pensaran en lo que podrían hacer en esas situaciones o cómo podrían evitarlas por completo.
Entre el público persistieron las preguntas, muchas de las cuales se plantearon durante la reunión. La gente levantó la mano para preguntar qué información están obligados a revelar si son detenidos, qué problemas legales puede tener un ciudadano si vive con residentes indocumentados y si la autodeportación tiene alguna ventaja.
El personal de LUPE admitió no tener todas las respuestas y les instó a consultar con un abogado para que les orientara. También les recordaron que tendrían más sesiones de formación con la intención de proporcionar información más detallada.
Una de las mujeres indocumentadas asistentes dijo que llevaba años asistiendo a las reuniones de LUPE y que conocía bien sus derechos. Sin embargo, se mostró escéptica ante la posibilidad de que esos conocimientos la salvaran de la deportación.
“El problema es que hay funcionarios a los que no les importa si pagas seguro o impuestos, si tienes propiedades… no les importa”, dijo en español. “Te agarran y te llevan, aunque conozcas tus derechos. Sólo depende del funcionario que te toque cuando te detienen”.
Por ahora, dijo, es un juego de espera.
“Realmente no sabemos qué va a pasar porque unos dicen una cosa y otros dicen otra”, dijo.
Berenice García es reportera del Valle del Río Grande para The Texas Tribune. Este artículo ha sido publicado con permiso por The Texas Tribune.
Traducido por Juan Carlos Uribe, The Weekly Issue/El Semanario.
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