Por Robert Valencia y Erin Fitzgerald
La Administración Biden anunció un plan para reabrir un centro de detención con fines de lucro ubicado en Homestead, Florida, para albergar a los menores que llegaron solos o fueron separados de sus familias en la frontera de Estados Unidos.
El centro de detención de Homestead, ahora conocido como Biscayne Influx Care Facility, se cerró en agosto de 2019 después de una protesta pública por las condiciones inseguras de la instalación. Ahora vuelve a ser noticia, ya que la administración Biden enfrenta enrevesadas crisis de inmigración y COVID-19.
Si bien la administración se refiere a Homestead como un «refugio«, la instalación ha sido criticada durante mucho tiempo como el equivalente a una prisión. Estas justificaciones semánticas tampoco hacen nada para abordar el hecho de que la instalación está cerca de un sitio tóxico y no es segura para los menores y trabajadores.
Earthjustice y nuestro cliente, American Friends Service Committee (AFSC), junto con una coalición nacional de derechos humanos, están pidiendo a la administración Biden que cierre permanentemente esta instalación.
“Los centros de detención no son un lugar para menores”, dice Lis-Marie Alvarado, directora de programas de AFSC. “Va a ser imposible mantener las normas de seguridad frente al COVID-19. Estos menores, que ya han experimentado un trauma significativo, están siendo sometidos a riesgos innecesarios, desde huracanes hasta agresiones sexuales en una instalación administrada con fines de lucro y por personas sin experiencia o interés en su bienestar».
En su momento, Homestead fue el centro de detención de menores más grande de los Estados Unidos. La instalación albergaba a miles de menores de 13 a 17 años, algunos de los cuales habían sido separados de sus padres. Varios menores denunciaron abusos sexuales a manos de los empleados de Homestead, lo que provocó el despido y la dimisión de varios empleados.
La noticia de esta reapertura llega justo después de que la administración reabriera un centro de detención de menores con 700 camas en Carrizo Springs, Texas.
“Estos menores, que ya han experimentado un trauma significativo, están siendo sometidos a riesgos innecesarios, desde huracanes hasta agresiones sexuales en una instalación administrada con fines de lucro y por personas sin experiencia o interés en su bienestar».
Lis-Marie Alvarado, AFSC
Homestead, que es operado por contratistas privados con fines de lucro, está a menos de una milla de un sitio catalogado como “Superfund” (es decir, un lugar que contiene desechos tóxicos y designado por la EPA) de la Base de la Fuerza Aérea homónima, que contiene ocho puntos críticos contaminados por 16 contaminantes diferentes.
“No hay garantía ni indicios de que esta instalación sea segura para menores detenidos allí”, dice Dominique Burkhardt, abogado de Earthjustice. «Sabemos que el área aledaña está plagada de contaminantes ambientales generalizados, y la falta continua de transparencia y de respuesta a nuestras solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) para obtener más información es increíblemente preocupante».
Los contaminantes que se encuentran en el suelo y el agua subterránea en estas fuentes incluyen metales, pesticidas, compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles, y compuestos volátiles clorados como resultado de fugas, derrames, manejo de desechos de materiales peligrosos y otros procesos industriales y militares. Muchos de los contaminantes causan cáncer y pueden provocar serios problemas de salud como la insuficiencia renal, trastornos sanguíneos y daños en el desarrollo.
En 2019, Earthjustice presentó solicitudes de la FOIA a múltiples agencias federales en busca de documentos sobre una posible contaminación y otros riesgos de seguridad. Los documentos disponibles hasta ahora revelan la presencia de asbesto, pintura a base de plomo, moho y bifenilo policlorado en el sitio donde se encuentra el centro de detención. Algunos, pero no todos, han sido remediados de acuerdo con una evaluación ambiental de 2018.
Pero las agencias federales han estado eludiendo su deber de responder a nuestras solicitudes de FOIA.
La EPA informó que los registros de pruebas ambientales en el sitio donde se ubica el centro de detención estarían en posesión de la Fuerza Aérea de los EE.UU., ya que el centro de detención está adyacente a la Base de la Reserva Aérea de Homestead. Después de 19 meses sin una respuesta y con demoras — más de 20 días hábiles requeridos por la ley federal — Earthjustice todavía espera a que la Fuerza Aérea tome cartas en el asunto.
El DHS transfirió la solicitud de Earthjustice al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Hasta la fecha, después de numerosos intentos de seguimiento, ICE aún no ha respondido a la solicitud de registros de Earthjustice.
Las condiciones en Homestead no son únicas. El gobierno federal ha mostrado un flagrante desprecio por la salud de quienes están bajo su custodia.
Los abusos denunciados abarcan desde la esterilización forzada, el uso de desinfectantes químicos industriales en otras instalaciones con migrantes detenidos, brotes incontrolados de COVID-19, hasta intentos de construir otras instalaciones en sitios “Superfund” altamente tóxicos.
Estas constantes fallas han creado condiciones que hacen imposible mantener a salvo a los detenidos. Por lo tanto, pedimos la liberación inmediata de todos los migrantes en dichos centros a viviendas seguras con sus familias o patrocinadores.
Robert Valencia es un estratega de medios en español con Earthjustice. Erin Fitzgerald es la Secretaria de Prensa de Comunidades Saludables para Earthjustice.
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