Por Javier Sierra
Después de las elecciones más multitudinarias y limpias de la historia de Estados Unidos, gobernadores y legisladores republicanos están dejando claro que nos tienen miedo. A nosotros, a los negros, los indígenas, los asiáticos. Y en lugar de tratar de ganar nuestro voto con sus ideas, optan por atacarlo con la peor campaña de supresión del votante en la historia reciente.
El pánico ha resultado en la propuesta o aprobación de más de 360 iniciativas legislativas en 47 estados para restringir nuestro derecho al voto, alegando la Gran Mentira, que en 2020 el fraude electoral derrotó a Donald Trump.
Hasta el momento, el líder indiscutible en esta carrera por la supresión es Georgia. El 25 de marzo, el gobernador republicano Brian Kemp ratificó la draconiana SB 202, el Frankenstein de las leyes racistas, como la llamó una senadora estatal, repleta de obstáculos para impedir la participación de negros, latinos y personas de bajos ingresos. La iniciativa limita las opciones de voto por correo, reduce las opciones de voto temprano, restringe el número de buzones de votación, y, en un guiño a los intentos de Trump de anular los resultados de las elecciones en ese estado, pone a la Junta Electoral Estatal en manos de la legislatura para interferir de acuerdo con preferencias políticas. En el colmo de la crueldad legislativa, también criminaliza dar agua o alimentos a personas que pasan horas en línea para ejercer su derecho al voto.
La Ley Para el Pueblo ha alarmado a las fuerzas reaccionarias y sus poderosos financieros porque acabaría con el yugo que impide a millones de latinos, negros, indígenas y personas de bajos ingresos ejercer libremente su sagrado derecho al voto y a decidir su futuro y el de sus familias.
Y que nadie se atreva a cuestionar este descarado abuso de poder. La Liga de Béisbol decidió cambiar su sede del juego de los All Stars de Atlanta a Colorado en protesta por la SB 202, lo cual desató llamados al boicot del Pasatiempo Nacional por parte de gobernadores y legisladores republicanos. La competencia en esta carrera supresora es fiera. Días después, la legislatura de Florida agregó una cláusula a un proyecto de ley que también penalizaría a quienes den agua a los votantes en línea. Por supuesto, ser latino, negro o indígena ya aumenta exponencialmente los periodos de espera para votar.
La excusa inamovible para suprimir el derecho a voto de los más vulnerables sigue siendo el supuesto fraude electoral. Una vez más, en 2020 Trump y su partido injustificadamente denunciaron fraude electoral.
Esta crisis que amenaza la esencia del orden democrático, la santidad del derecho a voto, posee profundas raíces en el movimiento conservador. En años recientes, un hecho histórico desencadenó la actual ofensiva supresora. En 2013, la Corte Suprema, liderada por el Magistrado Jefe John Roberts, asestó un golpe mortal a la Ley de Derechos del Votante de 1965 debilitando su 5ta Cláusula, la cual obligaba a los estados a consultar con el gobierno federal para reformar sus leyes electorales.
El remedio contra esta plaga antidemocrática se llama la Ley Para el Pueblo, el proyecto legislativo del Senado que completaría la reforma electoral más progresiva en medio siglo. La iniciativa exigiría el registro automático de votantes, extendería el voto por correo y reduciría drásticamente la influencia del dinero oculto en la financiación de campañas electorales, entre otras iniciativas.
La Ley Para el Pueblo ha alarmado a las fuerzas reaccionarias y sus poderosos financieros porque acabaría con el yugo que impide a millones de latinos, negros, indígenas y personas de bajos ingresos ejercer libremente su sagrado derecho al voto y a decidir su futuro y el de sus familias.
Nos tienen miedo porque nosotros somos muchos más que ellos.
Javier Sierra es un columnista del Sierra Club. Sígalo en Twitter @javier_SC
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