Por Victoria Knight
Es una época de mucho trabajo para las granjas productoras de tomate en esta parte del estado. Estas plantaciones cuentan con cientos de trabajadores, la mayoría latinos. Algunos viven allí. Otros son migrantes que viajan de granja en granja, para recoger las cosechas de verano. Otros vienen de México o Centroamérica con visas agrícolas temporales.
Pero este año, la temporada se desarrolla con enormes preocupaciones por el coronavirus que afecta directamente a estos trabajadores agrícolas.
“Casi todas las fases del proceso de recolección de tomates deben ser consideradas a la luz de COVID-19”, dijo Ken Silver, profesor asociado de salud ambiental en la Universidad Estatal del Este de Tennessee, que estudia la salud de los trabajadores migrantes en las plantaciones de tomates del estado.
Los trabajadores viven en alojamientos cerrados, durmiendo en literas y compartiendo baños y cocinas. Viajan a los campos en autobuses abarrotados y a menudo trabajan en grupos. Y aunque los empleados de las granjas son considerados trabajadores esenciales, suelen no tener seguro médico o licencia paga por enfermedad.
“Es muy difícil saber cuántos trabajadores agrícolas específicamente están dando positivo”.
Alexis Guild, Farmworker Justice
Las granjas ya han informado de brotes entre cientos de trabajadores en estados como California, Washington, Florida y Michigan. Sin embargo, el gobierno federal no ha establecido ninguna normativa para proteger a los trabajadores agrícolas del coronavirus o para instruir a los empleadores sobre lo que deben hacer cuando sus se enferman.
Mientras que organizaciones de defensa de los trabajadores migrantes dicen que esto permite a las granjas aprovecharse de sus trabajadores y aumentar su riesgo de exposición al coronavirus, las granjas aseguran que están haciendo lo que pueden para proteger a los trabajadores con los recursos limitados que tienen, mientras no se deja de hacer el trabajo.
Lo cierto es que la situación no está clara, expresó Alexis Guild, director de políticas y programas de salud de Farmworker Justice.
La responsabilidad de las granjas
En junio, 10 de los 80 trabajadores temporales de Jones & Church Farms en el condado de Unicoi, Tennessee, dieron positivo para el coronavirus. Otra granja en ese condado tenía 38 trabajadores que también dieron positivo alrededor de la misma época.
“Esto fue lo más aterrador que pudo pasarnos”, dijo Renea Jones Rogers, directora de seguridad alimentaria de la granja.
A nivel nacional, ha habido al menos 3,600 casos de trabajadores agrícolas que han dado positivo para COVID-19, según los informes de los medios de comunicación reunidos por el Centro Nacional para la Salud de los Trabajadores Agrícolas.
A esto hay que añadir que tanto los empleadores como los trabajadores agrícolas reconocen que incluso las intervenciones más básicas para frenar la transmisión —el distanciamiento social y el uso de máscaras— a menudo no son factibles, al trabajar en altas temperaturas.
Saúl, de 52 años, es un trabajador agrícola temporal que ha viajado de México a Virginia todos los años desde 1996 para cosechar tabaco. En una entrevista por WhatsApp, dijo que las máscaras son incómodas en el trabajo porque estás al aire libre: “Es incómodo porque trabajamos a la intemperie”. (Kaiser Health News no publica el apellido de Saúl para que no sea identificado por su empleador).
Saúl dijo que le preocupa el coronavirus, pero como vive en su lugar de trabajo, en la granja, se siente seguro.
Cuando llegó a los Estados Unidos en abril, la granja le proporcionó información sobre la pandemia, máscaras y desinfectante de manos, explicó. Nadie le toma la temperatura, pero trabaja en un grupo de ocho personas, vive con tres trabajadores más y nadie en la granja ha sido diagnosticado con COVID-19.
En Tennessee, Jones & Church Farms puso en marcha su propio protocolo de seguridad para los trabajadores al comienzo de la temporada. Esto incluyó el aumento de la desinfección, la toma de lecturas diarias de temperatura y el mantenimiento de los trabajadores en grupos para que vivan y trabajen con las mismas personas.
Después que los 10 trabajadores dieron positivo para COVID-19, la granja los mantuvo a todos en la misma vivienda y lejos de los demás. Los que eran asintomáticos también siguieron trabajando en los campos, aunque alejados de los otros, señaló Jones Rogers.
Si bien el Departamento de Trabajo no ha ofrecido normas federales de seguridad ejecutables para COVID-19, sí colaboró con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) para elaborar un conjunto de pautas voluntarias y específicas para la agricultura. Esto se publicó en junio, pocos días después que Jones & Church notificara del brote en la granja.
Mucho de lo que ya se había hecho en Jones & Church, sin embargo, seguía esas recomendaciones, que también sugerían que los trabajadores fueran examinados todos los días para detectar los síntomas de COVID-19 y que a los que se enfermaran se les diera su propio espacio para recuperarse alejados de los demás.
Otras sugerencias de los CDC y el Departamento de Trabajo, orientadas más hacia las factorías de procesamiento de alimentos, como las plantas de empaque de tomates, incluían la instalación de mamparas plásticas si no es posible que haya una distancia de 6 pies entre los trabajadores, la instalación de estaciones de lavado de manos y la provisión de equipos de protección personal o cubiertas de tela para la cara.
Los activistas dicen que estas directrices son sólidas, en teoría. Su defecto más evidente es que son voluntarias.
“No creemos que la salud y la seguridad de los trabajadores deban dejarse a la buena voluntad de los empleadores”, señaló María Perales Sánchez, coordinadora de comunicaciones del Centro de Los Derechos del Migrante, una organización con oficinas en México y en los Estados Unidos.
Un vocero del Departamento de Trabajo ofreció una perspectiva diferente. “Los empleadores son y seguirán siendo responsables de proporcionar un lugar de trabajo libre de riesgos conocidos para la salud y la seguridad”, indicó, y añadió que los estándares de seguridad general preexistentes de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) y las directrices de los CDC se utilizan para determinar las violaciones a la seguridad en el lugar de trabajo. La OSHA es una agencia del Departamento de Trabajo.
La industria agrícola ha expresado su temor ante cualquier aumento de la regulación federal.
“No creo que OSHA pueda implementar un tipo de regulación obligatoria que no ponga en desventaja a algunos agricultores”, apuntó Allison Crittenden, directora de relaciones con el Congreso de la American Farm Bureau Federation.
Las granjas ya han tomado muchas medidas contra COVID-19, añadió, “y si estas acciones se están llevando a cabo de forma voluntaria, no vemos la razón de imponer un requisito obligatorio”.
Dificultades para acceder a la atención médica
Los trabajadores agrícolas migrantes, a pesar de ocupar un eslabón esencial en la cadena de suministro de alimentos del país, a menudo no reciben prestaciones en el lugar de trabajo, como seguro médico o licencia de enfermedad remunerada.
Saúl, el trabajador agrícola del tabaco de Virginia, dijo que no creía tener ningún seguro médico. Si se enfermara, tendría que decírselo a su empleador, que luego tendría que llevarlo al médico. La ciudad más cercana a la granja está a 15 millas. ¿Quién es responsable de estos costos? ¿El trabajador o la granja? Depende de las circunstancias individuales.
Muchas granjas emplean principalmente trabajadores latinos, y los datos de los CDC ilustran que es mucho más probable que los latinos se infecten, deban hospitalizarse o mueran por complicaciones de COVID que los blancos no hispanos. Los expertos también advierten que debido a que la pandemia de COVID está afectando desproporcionadamente a las personas de minorías, podría ampliar las disparidades de salud preexistentes.
Además, buscar la atención de un médico puede resultar riesgoso para los trabajadores agrícolas migrantes. Los trabajadores indocumentados pueden temer ser detenidos por autoridades de Immigración mientras que los que tienen la residencia permanente (green card) les puede preocupar la “regla de la carga pública” que la administración Trump endureció.
Esta polémica “regla” tiene en cuenta el uso de los programas públicos, incluyendo la atención sanitaria, a la hora de una solicitud de ciudadanía. Sin embargo, el gobierno federal ha dicho que buscar tratamiento por COVID-19 no aplicaría para esa regla.
Y aunque el rastreo de contactos es importante para detener la propagación de COVID-19 entre los trabajadores agrícolas, muchos departamentos de salud no cuentan con traductores que puedan hablar español o lenguas indígenas centroamericanas, ni ha habido un rastreo sistemático a nivel nacional de los brotes de los trabajadores agrícolas hasta ahora, como se ha hecho con los brotes en las instalaciones de cuidados a largo plazo.
Por lo tanto, “es muy difícil saber cuántos trabajadores agrícolas específicamente están dando positivo,” expresó Guild, de Farmworker Justice.
Eso podría ser un problema para rastrear los brotes, especialmente cuando la temporada de cosecha aumenta para ciertos cultivos y las granjas incrementan su fuerza laboral.
A fines de julio, llegaron a Jones & Church Farms casi 90 trabajadores temporales adicionales para ayudar a cosechar tomates hasta octubre, apuntó Jones Rogers. Aunque los 10 trabajadores que tenían COVID-19 se han recuperado, dijo que teme que si más personas contraen la enfermedad, no habrá suficientes viviendas para mantener a los trabajadores enfermos aislados o suficientes trabajadores sanos para la cosecha.
“Los tomates no esperan a que todos se sientan bien para que se los recoja”, añadió Jones Rogers.
Victoria Knight es Reportera para Kaiser Health News. Esta historia fue producida por Kaiser Health News, un programa editorialmente independiente de la Kaiser Family Foundation que no está relacionado con Kaiser Permanente.
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